Entrevista a Ximo Aguilella: Toda la verdad sobre la auditoría

La Auditoría predicada por el PP no pasa de ser un informe sobre la Tesorería Municipal, sin ningún valor legal, no adaptado a la ley de auditorías de cuentas, tal y como indica el mismo informe. El único propósito de este escrito es justificar las mentiras sobre la Hacienda Municipal que el PP difundió durante la campaña electoral.

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¿Quién ha hecho el informe?

Una empresa madrileña, contratada directamente por el equipo del PP y que ya ha cobrado los 10.030 € que cuesta este informe, pasando por delante de otros proveedores locales. La única novedad reseñable después del informe es que los ondenses tienen 10.030 € menos.

¿ Por qué se hace?

La justificación del informe es doble:

El PP necesita justificar que el Ayuntamiento arrastraba un déficit superior a 16 millones de euros, ya que lo había estado vendiendo durante la campaña electoral y en eso se basaba su estrategia económica.

Una vez desacreditado el estado financiero del Ayuntamiento tenía las manos libres para hacer lo que quisiera, incluso no hacer nada de lo prometido en su programa.

¿Qué tenemos?

Un informe económico, sobretodo habla de la tesorería municipal y se dedica a comparar el informe anterior realizado por técnicos municipales.

El equipo de gobierno no quiere que el actual interventor contratado por ellos haga el informe, ya que se tendría que ceñir a la Ley de Auditoría de Cuentas.

El informe no entra en hechos concretos y actuales, sino que se dedica a realizar e imaginar supuestos y situaciones que pueden darse, siempre tomando las decisiones más desfavorables que puedan imaginarse.

Las situaciones de la Hacienda Municipal que son favorables han sido olvidadas o simplemente se han falseado. Por ejemplo, la deuda municipal con entidades financieras, que es la más baja de los municipios de más de 10.000 habitantes de la provincia, ni se nombra.

 

¿Qué podemos leer en el informe?

En la página 2 se declara por parte de la empresa, clara y nítidamente, que “el presente informe no representa una opinión de auditoría respecto de los estados contables del Ayuntamiento según establece el texto refundido de la Ley de Auditorías de Cuentas”, con lo que la misma empresa quiere quedar exonerada de las posibles responsabilidades que los supuestos y apreciaciones que hará en el informe puedan repercutirle.

En la página 4 hay un error de bulto ya que el Remanente de Tesorería (para gastos generales) calculado por la empresa aparece en negativo (-1.853.761,19) cuando dicha cantidad es positiva y lo puede calcular cualquiera siguiendo la suma de las tres cantidades que el mismo informe indica.

En la página 5 se realiza una estimación de la recaudación de los derechos de cobro de años anteriores. Así cobros que tienen menos de un año se estima que sólo se cobrará el 40 % y la cifra de años anteriores se estima en un 15 % , incrementando así en el informe no oficial 3,6 millones de € de dudoso cobro.

En las páginas 13 y 14 se realiza una estimación de la recaudación de 2011, disponiendo siempre porcentajes de recaudación no sólo inferiores al promedio de los últimos años, sino también del año anterior. A este respecto, y dado que se dispone del padrón de IBI e IAE del año 2011 y que la recaudación domiciliada se efectuó en julio, se hubiera podido sustituir las cifras supuestas por cantidades reales, sensiblemente superiores a los datos facilitados. Esto es un ejemplo de cómo se ha hecho el informe. Es como si un autónomo esperara que el 20% de sus clientes no le pagara y tiene que realizar sus gastos con lo que le queda. De esta manera se han deducido del presupuesto actual ficticiamente, gracias a esta suposición, más de 2,5 millones de €.

Como ejemplo destacable, lo podemos encontrar en la página 44 (Anexo 4) donde se indica que por intereses, cánones y recargos se espera recaudar 95.369,26 € y, según las cifras oficiales a 30 de junio se recaudó, en el primer semestre más de 256.838,30 €, un desfase sin ninguna justificación ya que estas cantidades van entrando proporcionalmente a lo largo de los meses.

Respecto a los gastos es de destacar:

-Las sentencias por terrenos, donde se rebatía la valoración efectuada por el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa y se indicaba que el Ayuntamiento debía pagar casi tres millones de €, ya se daban a conocer en el informe de intervención, al igual que los derechos de cobro: 2.400.000 € de fondos FEDER y 650.000 € por parte de la Generalitat Valenciana. Aunque nombrados ambos en el informe, son considerados para el remanente los primeros pero no los segundos, cuando no se ha adoptado ningún acuerdo de incorporación por la Junta de Gobierno Local ni para unos ni para otros.

-Las facturas incorporadas al informe a lo largo de 10 folios son facturas con registro de entrada posterior al 8 de junio, fecha en la que se realizó el avance de la liquidación del presupuesto por la intervención municipal, llegando hasta el 5 de julio, y los 882.000 € de las facturas corresponden a entradas normales en un mes normal en el Ayuntamiento. Su no pago responde a una estrategia política de acumular las facturas normales ya que, como indica el informe, se tenían casi 2,5 millones de euros en tesorería.

-Las facturas recibidas no registradas llegan hasta el 12 de julio y suponen 17.370 €. 700 € es la cantidad de las facturas anteriores al 10 de junio, el resto llevan fecha posterior a la toma de posesión de Salvador Aguilella.

El Anexo 6 lleva el detalle de las facturas de la empresa BECSA y una pro-forma, no factura para ser contabilizada, por valor de 766.406,97 €. Tres de ellas corresponden al Parque de la Cerámica y deberá decidirse si estas facturas las paga el Ayuntamiento o la garantía de la empresa constructora como ya se habías decidido. Es el actual equipo de gobierno el que debe tomar la decisión en caso contrario.

Otros gastos de urbanismo por más de 1.100.000 € aparecen en dicho anexo y no hay ningún acuerdo, ni actuación del anterior equipo de gobierno que lleve a suponer una obligación de pago. Hay que destacar un gasto en SUR 13 por más de 900.000 € del que no se tiene noticia y dos gastos de la empresa SEDESA, con la que el anterior gobierno no tenía contrato ni contacto y que es de un ex-conseller de la Generalitat.

De los expedientes sancionadores al Ayuntamiento no se ha tenido en cuenta que todos tienen alegaciones y alguno de ellos está archivado.

¿Qué conclusiones podemos sacar tras leer el informe?

Es este un informe realizado por una empresa y vendido al PP, pagado por todos los ondenses. El informe dice aquello que le es favorable al PP y calla aquello que no le beneficia, el objetivo era lograr que los 16 millones de deuda que anunciaron en su campaña electoral aparecieran por alguna parte y han utilizado todos los artificios contables posibles, incluyendo suposiciones y obligaciones que no existen.

El otro objetivo más oculto es justificar su ineficacia y falta de actuación debido a una situación irreal de la Hacienda Municipal. Da esto a entender que no van a llevar a cabo su programa electoral, a pesar del buen estado económico del Ayuntamiento.

Un equipo de gobierno socialista hubiera pagado las obligaciones como lo hizo hasta el último día y los proveedores no habrían tenido que esperar todo el verano hasta que saliera la farsa de este informe, ya que se ha demostrado que existe dinero para hacer frente a los pagos.

En ningún momento se habla de la deuda que tiene el Ayuntamiento con las entidades crediticias, la cual es muy baja y se debe en su mayor parte a la deuda de la Generalitat por los Colegios. En concreto, una vez devuelto el anticipo de la recaudación de impuestos a la Diputación, la deuda con entidades financieras no supera el 1,2 millones de euros propios y 3,65 millones de los colegios, disponiendo además de 1,06 millones ya concedidos y no dispuestos, para hacer frente al pago de terrenos e infraestructuras. Vila-real, la Vall d’Uixó, Burriana, Benicàssim tienen deudas de 20 millones. El margen económico que tiene este Ayuntamiento no lo tiene otro.

Si la Diputación sólo es capaz de recaudar los porcentajes que aparecen en el informe más vale que le quiten la gestión de la recaudación, porque será este servicio y no el anterior equipo de gobierno quien arruine al Ayuntamiento.

Querían llegar a demostrar una deuda de 16 millones y no han podido. Para llegar a la mitad han tenido que utilizar artificios de los que ya avisan que no son adecuados a la ley y además, en muchos, casos son falsos.

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